El caso de la Playa Roja de Coñaripe. Crónica de una Frontera de Arena: El Laberinto de la Ley Lafkenche y el Derecho al Espacio Público
Por Redacción Coñaripe.com
El oleaje del sur de Chile y Argentina golpea por igual el bote de un pescador artesanal, la toalla de un turista y el rehue de una comunidad mapuche lafkenche. Sin embargo, lo que la naturaleza integra, la tensión geopolítica y social lo fractura. En los últimos años, comunas con vocación turística y multicultural han sido escenario de un fenómeno al alza: el cercamiento de playas, restricciones en costaneras y la delimitación de espacios públicos bajo el argumento de la restitución territorial ancestral (Wallmapu).
La colisión
Este escenario expone una colisión de derechos fundamentales que el Estado de Chile intenta arbitrar, muchas veces sin éxito, en el territorio: por un lado, el derecho colectivo e histórico de los pueblos originarios a su espacio de subsistencia y espiritualidad; por el otro, el principio constitucional de que las playas y riberas son Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP), pertenecientes a todos los habitantes de la nación.
¿Es posible reparar el despojo histórico de las comunidades costeras sin atomizar la soberanía ciudadana sobre los espacios comunes? La investigación judicial y territorial apunta a que la salida no está en los tribunales, sino en un rediseño de la gobernanza local.
La Colisión de Dos Cosmovisiones Jurídicas
Para las comunidades lafkenches (gente del mar), el borde costero no se divide entre “propiedad privada” y “espacio público”. Es una matriz de vida. El uso consuetudinario incluye la recolección de cochayuyo, la medicina ancestral (lawen) y la celebración de ritos ceremoniales en la playa.
Desde la promulgación de la Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche) en 2008, el Estado chileno reconoció este derecho, permitiendo la solicitud de Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO). Sin embargo, el artículo 7° de dicha ley es taxativo: «La delimitación del espacio costero marítimo de pueblos originarios otorgado no podrá afectar el libre tránsito, la navegación, la pesca artesanal ni la actividad turística».
La crisis estalla cuando grupos o comunidades optan por la “vía de hecho” (cercamientos o bloqueos), saltándose los extensos plazos administrativos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
“Para nosotros, recuperar la costanera o restringir el acceso a ciertos lugares no es un acto de egoísmo; es un acto de resguardo ante el turismo masivo que ensucia espacios ceremoniales y depreda el ecosistema. Si el Estado tarda 10 años en tramitar un ECMPO, la comunidad ejerce su soberanía en el territorio”, argumenta un dirigente lafkenche bajo reserva.
La contraparte ve que Coñaripe no tiene sentido.
La contraparte observa este fenómeno con alarma. Emprendedores turísticos, comités de pescadores artesanales y municipios acusan que los bloqueos destruyen economías locales y segregan a la población. El Código Civil es explícito: las playas son públicas. El “judicialismo” (la intervención de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema) opera de forma automática: ante un recurso de protección por un portón o cerco en la playa, la justicia ordena su demolición inmediata, priorizando la igualdad ante la ley y el libre tránsito.
Tres Propuestas Equilibradas: Las Vías de Salida al Conflicto
La judicialización del conflicto actúa como un analgésico, pero no cura la enfermedad de fondo. Desmantelar un cerco por la fuerza pública a menudo agudiza la polarización. Expertos en mediación, legislación indígena y urbanistas sugieren que una salida equilibrada debe transitar por tres ejes institucionales:
1. Zonificación y “Ventanas de Uso Exclusivo” (Coexistencia Temporal)
En lugar de un cercamiento permanente y excluyente, la solución urbana y comunitaria pasa por la coexistencia planificada.
La alternativa: Diseñar planes de manejo municipales donde se reconozcan hitos sagrados específicos en la playa o costanera. Durante días particulares del año (por ejemplo, celebraciones de Guillatún o We Tripantu), se pueden decretar ventanas de exclusividad temporal debidamente señalizadas y consensuadas con el sector turístico, devolviendo el libre tránsito una vez finalizado el rito. Esto educa al turista y protege la fe de la comunidad.
2. Cogestión del Borde Costero (Modelos de Administración Compartida)
El gran temor de la ciudadanía es que la entrega de un ECMPO signifique la privatización indígena del mar. La salida radica en transitar de la “concesión exclusiva” a la cogestión.
La alternativa: Crear corporaciones o comisiones locales de borde costero integradas por tres actores con voz y voto: las comunidades mapuches locales, el sindicato de pescadores artesanales y la cámara de turismo/municipio. De este modo, la administración del espacio (aseo, seguridad, muelles, puestos de artesanía) se realiza bajo un modelo de beneficio económico mutuo, diluyendo el incentivo de la toma territorial.
3. Modernización Urgente de la Ley Lafkenche y Silencio Administrativo
Uno de los motores de la frustración indígena es la burocracia estatal. Las solicitudes de ECMPO paralizan concesiones marítimas y proyectos por años, sumiendo al territorio en la incertidumbre jurídica.
La alternativa: Reformar el reglamento de la Ley N° 20.249 para establecer plazos perentorios estrictos. Si el Estado no responde en un plazo de dos años, la solicitud debe resolverse mediante un mecanismo abreviado. Asimismo, se debe tipificar con claridad que cualquier vía de hecho (como levantar un cerco no autorizado en un BNUP) invalida de forma inmediata la postulación legal de esa comunidad al espacio costero, desincentivando la autotutela.
La playa y la costanera no pueden convertirse en trincheras. El consenso popular de una comunidad multicultural y turística se destruye cuando impera la ley del más fuerte, ya sea a través de un portón ilegal o del uso de la fuerza policial.
La verdadera “recuperación” del espacio ancestral en el siglo XXI no se logrará expulsando al resto de los ciudadanos, sino logrando que el Estado y la sociedad civil reconozcan el valor sagrado de esa tierra, integrándolo en un modelo donde el desarrollo sostenible, el turismo respetuoso y la identidad lafkenche puedan habitar la misma orilla.
